Me ha llamado bastante la atención esta noticia que dice lo siguiente:
En los siete primeros meses de aplicación de los nuevos delitos de tráfico incorporados al Código Penal, el 44% de los ingresos en prisión que se decretaron se produjeron en Catalunya. Es decir, de las 180 personas que ingresaron en la cárcel por conducir ebrias, a velocidad excesiva o sin carnet por las carreteras españolas, 80 fueron detenidas por los Mossos d’Esquadra, con lo que Catalunya acapara casi la mitad de los presos.
Este sorprendente porcentaje podría explicarse acudiendo a la tesis de la eficacia policial o a la de la especial irresponsabilidad de los conductores catalanes. Pero pesa más el primer argumento, pues la presencia de agentes y controles en las carreteras catalanas es, según admite el propio Ministerio del Interior, superior a la del resto de España. El caso es que, así, la proporción de encarcelamientos en Catalunya por vulnerar el Código Penal rebasa con mucho lo que le correspondería por porcentaje de población. Catalunya, con 7,1 millones de habitantes, representa el 15% de la población española (45,2 millones). En cambio, su aportación al censo penitenciario por delitos de tráfico rebasa el 44%.
EL ALCOHOL MANDA
La gran mayoría de los 80 residentes catalanes que cumplen o han cumplido pena de prisión han sido condenados por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol. Al igual que sucede en el resto de España, una pequeña minoría ha sido encarcelada por conducir a una velocidad excesiva. En todos los casos, se trata de personas multirreincidentes o que han cometido infracciones de una singular gravedad, ya que solo en estos supuestos se recurre como última medida al envío a prisión.
De los 80 reclusos catalanes, hay 30 que están recibiendo en la Modelo de Barcelona cursos especiales de rehabilitación con psicoterapia para aprender a controlar sus impulsos. Se trata de programas similares a los que siguen los condenados por violencia sexista. Según fuentes del Govern, la intención de la Conselleria de Justícia es extender estos cursos al resto de las prisiones de Catalunya cuando el número de internos de este tipo sea mayor.
El informe de la Fiscalía de Seguridad Vial presentado el pasado lunes, en el que se habla de 100 encarcelamientos sin contar los de Catalunya, fue alabado ayer por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. “Lo más importante del documento, que es francamente bueno, es que el Código Penal está haciendo su función porque mes a mes vamos teniendo menos denuncias, lo que quiere decir que la gente se lo va tomando en serio”, dijo.
TRABAJO EXCEPCIONAL
Rubalcaba destacó el trabajo “excepcional” de fiscales y jueces, que se ha traducido en 26.820 sentencias condenatorias hasta junio. “Es excepcional la velocidad de las puestas a disposición judicial de las personas implicadas y la eficacia de los juicios rápidos y del acuerdo previo”, añadió.
El ministro confirmó que hay “picaresca” para burlar los controles de velocidad con inhibidores de radares y ocultamiento de matrículas, como denuncia el informe del fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Pero el Ministerio del Interior y la DGT están trabajando para combatir el fraude. “No soy partidario de contar lo que hacemos para que la gente no haga lo que no tiene que hacer”, advirtió antes de reconocer que están preparando “algo” aunque todavía no sea “significativo”.
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